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Están siendo tiempos convulsos para la Administración de Justicia. Y es que hace un mes fueron a la huelga los Letrados de la Administración de Justicia, después les siguieron los funcionarios de justicia convocando paros de 3 horas diarios (que ya han anunciado que cambiarán por paros generales a partir del 4 de mayo) y ahora son los jueces y los fiscales quienes amenazan con convocar una huelga indefinida a partir del 16 de mayo.
Así lo anunciaron en un comunicado conjunto casi todas las asociaciones de jueces y fiscales, quienes han indicado que los recursos dedicados a la Justicia son “insuficientes” y que tomarán la medida como denuncia por la “falta de propuestas concretas y verdadero propósito de negociar” subidas salariales por parte de los Ministerios de Justicia y Hacienda.
Cabe recordar que el Ministerio de Justicia es el único órgano con quien jueces y fiscales pueden negociar sus incrementos salariales, puesto que la Constitución les impide afiliarse a sindicatos. De hecho, el año pasado convocaron al Gobierno para tratar el tema, pero la cita finalmente fue cancelada por parte del Ejecutivo. Esto provocó un gran malestar entre las asociaciones, y es que los jueces no tienen ninguna subida salarial, más allá de los aumentos del IPC, desde el año 2003. Y, además, en el año 2010, en plena crisis, sufrieron una bajada de salario de casi el 10% y de un 5% en los complementos.
Denuncian que “las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura” y que corresponde, dentro del Gobierno, a los Ministerios de Hacienda y Justicia “velar por que nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de juezas/ces y fiscales no se desarrolla en condiciones -también retributivas- adecuadas”. Y es que, por ejemplo, la jurisdicción civil ha visto cómo se multiplicaban en los últimos años los pleitos contra los bancos por cláusulas abusivas en hipotecas o contratos revolving, o en el propio Tribunal Supremo, los recursos de casación han pasado de unos 3.000 al año antes de la crisis a casi los 10.000 actualmente. La falta de jueces ha desbordado los juzgados y el colapso es evidente.
Reunión el 3 de mayo
El próximo 3 de mayo está previsto que asociaciones y Gobierno se reúnan para tratar el asunto. Si bien la ministra de Justicia, Pilar Llop, es partidaria de esperar a ver qué se decide en la reunión para discutir sobre los salarios, las asociaciones aseguran que, tras las decepciones de las reuniones previas, mantenidas en marzo y abril, “la garantía de que todo pueda solucionarse en esa reunión es casi nula” y “no descartamos ninguna medida tras el 3 de mayo. Ese día, esperamos propuestas concretas”.
Además, desde las asociaciones de jueces y fiscales creen que la mesa de negociación podría desconvocarse en cualquier momento, lo que según ellos sería “dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental”.
Consecuencias de la huelga
Abogados y procuradores, junto con administrados y usuarios de la administración de justicia, estamos sufriendo la paralización de los expedientes judiciales, ya que se están quedando muchos expedientes paralizados, se han suspendido vistas y otros señalamientos. Y visto lo visto, la previsión no es halagüeña. Se estima que se necesitará personal de refuerzo en los juzgados para resolver y dar impulso a todos esos expedientes.
Sea como fuere, esperemos que esta situación, con consecuencias tan indeseadas para todos, se resuelva lo antes posible y se dé salida a todos los expedientes judiciales lo antes posible.
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